A escuelas privadas, por el fracaso del sistema de inscripción online
Antonia cumple tres años en 2014, al igual que la hija del jefe de gobierno porteño. Sus padres la inscribieron en el jardín estatal Florencio Escardó de Villa Urquiza, a diez cuadras de su casa, pero tras recibir la confirmación de la vacante en diciembre, un llamado telefónico en enero se las retiró aduciendo un "error del sistema". Reclamaron hasta el cansancio, hasta que la última posibilidad era una escuela en Villa Riachuelo, a casi 15 kilómetros de su hogar. Con pesar se resignaron a enviarla a una escuela privada subsidiada por el Ejecutivo de la Ciudad, la única a su alcance. "El año que viene volveré a intentar porque quiero que mi hija vaya a la escuela pública", cuenta su mamá, Eleonora Dalessio. El 1 de marzo, el papá de la otra Antonia, Mauricio Macri, tuiteó: "la educación pública es nuestra prioridad".
El de Antonia es uno de los siete mil casos de chicos menores de
tres años cuyo derecho a la educación pública, laica y gratuita fue
vulnerado por los problemas de implementación del sistema informático de
inscripción. La cifra exacta fue provista el pasado 3 de febrero por el
ministro de Educación Esteban Bullrich, quien en la misma conferencia
de prensa calificó de "exitoso" el sistema de asignación que todavía
mantiene a miles de niños sin saber si tendrán un lugar para estudiar y
dónde. Muchos de los que no pudieron seguir en la incertidumbre optaron
por pasarse a escuelas de gestión privada. Estos son algunos de los
casos.
"Desde que empezó sala de 2, el año pasado, quise inscribirla en el
Estado. La inscripción era presencial entonces y también quedó en lista
de espera. Nos juntamos con algunos padres en esa situación y mandamos
cartas al gobierno. Pero nos respondieron que no era obligatorio para
ellos", cuenta a Tiempo Argentino Dalessio, con una mano sobre su panza
de casi nueve meses. El artículo 24 de la Constitución de la Ciudad
admite esa doble lectura. Por un lado dice que "la Ciudad asume la
responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación
pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a
partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior", pero luego pone
una coma y concluye: "con carácter obligatorio desde el preescolar hasta
completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la
legislación determine".
El gobierno se excusa por el déficit de vacantes con esa segunda
parte del artículo que viene después de la coma. Sin embargo, en 2006 la
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) demandó por este
tema al Ejecutivo y en 2011 el Ministerio de Educación se comprometió a
terminar 24 obras para finales de 2012. Hasta el día de hoy sólo se
concluyeron 14 de ellas.
INDEFENSA. Dalessio volvió a intentar inscribirla para el jardín
estatal a finales del año pasado y recibió un mail confirmando su
vacante en diciembre. Luego le dijeron del "error" y empezó su recorrido
de reclamos. Tiene tantos comprobantes de quejas como alternativas que
dio el Ministerio. Incluso inició un amparo en la Defensoría, pero el
organismo autárquico que defiende los derechos de los ciudadanos le
respondió que estaba saturado de casos "obligatorios" y que no podrían
seguir el suyo.
"Con eso di por terminados los intentos. En un mes estoy por tener
otra nena y no podía ir de un lado para el otro con esta angustia. Así
que la anoté en un colegio religioso cerca de casa que está subsidiado",
cuenta. Pero no se resigna, "yo siempre estudié en la educación pública
y es lo que quiero para mi hija. Además quiero educación laica, porque
me parece el sistema más democrático en todo sentido y, en este colegio,
una vez que avanzás te obligan a bautizarla y yo no quiero".
Victoria Rey, de Balvanera, atraviesa el mismo dilema. Ella anotó a
sus dos hijos en la primera fecha de inscripción, en noviembre de 2013.
La vacante de su nena de un año volvió denegada y la del niño de 4
otorgada en un jardín a ocho cuadras de su casa en el turno mañana, tal
como había pedido. Sin embargo, a finales de diciembre apareció en los
listados de otra institución, a cuatro cuadras, pero en el turno tarde,
el horario en que trabaja.
Fue al ministerio, al distrito, llamó por teléfono y no tuvo
respuestas. A principios de febrero se agotó y anotó al niño en una
escuela privada católica, también subsidiada. "La educación religiosa no
es lo que hubiera elegido y estoy segura de que en tercer grado lo voy a
cambiar, porque te exigen la comunión y eso es algo que quiero mi hijo
elija por su cuenta”, cuenta a Tiempo Argentino. "Macri y Bullrich no
pueden jugar con los chicos de esta manera", pide indignada.
Haidu Kowski anotó a su hija Cibel en sala de tres. Pidió todas
escuelas cercanas a su casa, pero la respuesta del sistema online fue
dejarla en lista de espera. "Hice todos los reclamos, tengo números y
comprobantes por cada uno. Hice la denuncia en la Defensoría, pero
después de unos días me dijeron que no podían seguir con mi caso.
Finalmente un día me llamaron del ministerio para darme una vacante en
un jardín. Quedaba en Balbín y Congreso, a 40 minutos de auto o 90 de
colectivo", recuerda Kowski. Entonces definieron solicitar una vacante
en el jardín donde Cibel estuvo en la colonia y que cuesta, según
calculó el padre, el 20% de su sueldo.
"No es mi intención mandarla a un colegio privado. Yo me eduqué en
escuela pública, estudie en la UBA y quiero que mi hija también se
eduque así", concluye.
Nicolás tampoco consiguió vacante a pesar de que su mamá lo anotó
en sala de dos años "el primer día de la inscripción online a las 7 am".
Soñaba con que le asignaran un lugar en la escuela donde ella hizo
desde nivel inicial hasta el secundario. Pero no pudo ser. De hecho,
ninguna de sus opciones fueron consideradas.
Ahí comenzó su periplo por escuelas, Ministerio, gremios, Centros
de Gestión y Participación (CGP) y Defensoría de la Ciudad. A finales de
febrero, viendo que su hijo figuraba quinto en la lista de espera, tomó
una decisión. "Lamentablemente, yo que toda mi vida defendí la
educación pública cada vez que la criticaban, ahora me veo obligada a
resolver mi situación personal enviando a mi hijo a una institución
privada que por suerte puedo pagar, pero no sin esfuerzo para mi marido y
para mí", cuenta María Montesano.
Casos como estos se multiplican en la página de Facebook "No a la
inscripción online"
<https://www.facebook.com/groups/590453961000967/?fref=ts> que
hasta ayer reunía a 4991 personas y que se ha transformado no sólo en el
lugar de apoyo moral para los padres que pasaron su verano exigiendo
una vacante para sus hijos, sino en el espacio de mayor claridad para
informarse de las últimas novedades. Allí siempre hay un comentario
postrero escrito a deshora que
da ánimo y alienta a los papás a seguir buscando una vacante en los
colegios del Estado. No todos pueden sostener la lucha hasta las últimas
consecuencias, pero siguen contribuyendo y apostando al futuro. Porque
creen firmemente en lo que dice la imagen de portada del grupo, ningún
niño debe quedarse sin escuela pública. «
-.-.-.-.-.
Ninguna prioridad
A pesar de lo que declama Mauricio Macri, la educación pública no
parece ser la prioridad de su gestión. Un informe del Grupo de Estudios
de Economía Nacional y Popular (GEENaP) señala que entre 2007 y 2013 las
transferencias a la educación privada se incrementaron un 291%,
mientras que la inversión en infraestructura y equipamiento de la
educación pública sólo lo hizo en un 78 por ciento. Pero el problema no
fue tanto de presupuesto como de ejecución. Según denuncia la
legisladora del Partido Socialista Auténtico Virginia González Gass, en
esos años la ejecución presupuestaria en obras escolares no superó el 65
por ciento. El nivel primario sufrió las consecuencias de esas
políticas públicas, así lo confirma la Dirección General de Estadísticas
y Censos de la Ciudad: en los seis años de gestión del PRO, la
matrícula estatal de primaria decreció un 3%, mientras que la privada
subió un 7 por ciento. Cuando se creó el sistema de educación privada,
durante el primer gobierno de Perón, su objetivo era garantizar el
acceso en aquellos lugares donde la escuela pública no llegara. Sin
embargo, hoy constituye un régimen paralelo que amplía las posibilidades
para los sectores de mayores recursos
La capital es el área donde la gestión privada alcanza a la mayor
proporción de escuelas de nivel primario. Pero las privadas se
concentran en la zona norte, mientras que las públicas se distribuyen
más uniformemente. Eso hace que en distritos del sur, como el 13, el 19 o
el 21, las estatales constituyan más del 70% de la oferta escolar. El
resto cuenta con subsidio del gobierno porteño para el pago de los
salarios docentes y, muchas de ellas, son confesionales. Esta realidad
no pudo ser eludida por la Dirección General de Evaluación de la Calidad
Educativa (DGECE), dependiente del gobierno porteño. En un informe, se
anima a reconocer que hay responsabilidad ejecutiva en el traspaso de la
matrícula. Señala que, si cada vez hay más gente en las escuelas
privadas y menos en las públicas, puede deberse a "la orientación de las
políticas educativas de los últimos años, las características de la
legislación nacional y jurisdiccional que intentó regular la oferta
privada desde la Ley 1420 en adelante, y las decisiones en torno del
financiamiento de estas escuelas por parte del Estado".
Publicado en la edición impresa de Tiempo Argentino el 9 de marzo de 2014
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