La Iglesia sabía quién mató a los curas palotinos 4 días después del asesinato
En el documento diplomático, el embajador de EE UU contó que el nuncio apostólico Pio Laghi le confirmó que las fuerzas de seguridad del gobierno militar habían asesinado a los sacerdotes porque querían "limpiar la Iglesia".
"Asesinato de curas católicos y monjas podría ser una acción de las Fuerzas de Seguridad del Gobierno Argentino", señala el título del cable enviado desde la embajada estadounidense al Departamento de Estado el 7 de julio de 1976, tres días después del homicidio de los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, en la Iglesia de San Patricio, del barrio porteño de Belgrano.
Por Javier Borelli
Cuatro días después del asesinato de los curas palotinos en la Iglesia de San Patricio, ocurrido el 4 de julio de 1976, la embajada estadounidense ya había recibido la confirmación de que el crimen había sido cometido por agentes de las fuerzas de seguridad argentinas que estaban actuando "sin orden oficial de sus superiores". La fuente citada por la diplomacia del país norteamericano fue el nuncio papal Pio Laghi, quien se basó en información provista por el ministro del Interior de facto, Albano Harguindeguy. Laghi también le dijo al representante de EE UU que un "alto oficial del gobierno" le había anticipado que buscarían "limpiar la Iglesia". La trama oculta de la Masacre de San Patricio, que evidencia los vínculos entre la jerarquía católica, la dictadura y la embajada estadounidense, es apenas uno de los casos que quedaron expuestos con una nueva filtración de cables diplomáticos del período 1973-76 realizada por la organización WikiLeaks. "Asesinato de curas católicos y monjas podría ser una acción de las Fuerzas de Seguridad del Gobierno Argentino", señala el título del cable enviado desde la embajada estadounidense al Departamento de Estado el 7 de julio de 1976, tres días después del homicidio de los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, en la Iglesia de San Patricio, del barrio porteño de Belgrano.
El embajador Robert Hill agrega en el comunicado enviado con
carácter "secreto" que fueron informados por "un oficial designado al
equipo presidencial, en el grado más alto de confidencialidad, que cinco
curas católicos y tres monjas (sic) fueron ejecutados por miembros del
Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE)". Esa fuente señaló que la
acción en realidad intentaba asesinar al líder de Montoneros, Mario
Firmenich, que supuestamente estaba siendo protegido por los palotinos.
Al día siguiente, otro cable titulado "Más sobre el asesinato de los
curas católicos", corrige el dato de las monjas asesinadas y confirma la
autoría por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno. La
certificación, según detallan, se las dio el embajador de la Santa Sede
en el país, cargo que ocupaba el italiano Pio Laghi.
Según el cable, Laghi confirmó que detrás del acto estaba la Junta
Militar, pues así se lo había informado el arzobispo de Buenos Aires,
Juan Carlos Aramburu, quien se había entrevistado recientemente con el
ministro del Interior Harguindeguy. El representante local del Vaticano
también informó a la embajada que el objetivo de los represores siempre
fueron los curas palotinos porque no era cierto que habían dado refugio
a Firmenich.
Uno de los párrafos más significativos del cable para entender el
vínculo entre la jerarquía católica y la dictadura señala que "la
Iglesia ha estado preocupada de que uno de los seminaristas haya tenido
conexiones 'tercermundistas'. Sin embargo, el nuncio enfatizó que aún si
ese hubiera sido el caso, difícilmente se justifican los asesinatos de
los seminaristas y, mucho menos, los de los curas que no estaban
involucrados de ninguna manera."
Finalmente, el cable destaca que el nuncio apostólico había sido
informado por fuentes gubernamentales de la intención de "limpiar la
Iglesia" y que sospechaba que este era apenas "el primer paso" en ese
sentido. Por ello, expresó su temor de que sobreviniera una "ola de
terror de derecha como nunca habían visto antes". El mensaje culmina con
una impresión oficial de la legación estadounidense: "la embajada se
inclina a coincidir".
Al día siguiente, la versión oficial esparcida por la dictadura
responsabilizaba a "elementos subversivos". Una primera investigación
realizada por el juez Guillermo Rivarola entre 1976 y 1977 no produjo
ninguna detención. En 1984, ya en democracia, la causa fue reabierta y,
luego de tres años sin sentencia, el juez Néstor Blondi liberó a los
únicos dos procesados por considerar que los crímenes habían prescripto.
El único que llegó hasta el final fue el periodista Eduardo Kimel,
quien en 1989 publicó una exhaustiva investigación donde identificó al
grupo de tareas que efectuó la matanza, denunció la complicidad del
Poder Judicial y la Iglesia y terminó condenado por calumnias. «
el hombre que decía no saber nada
El cardenal Pio Laghi fue representante de la Santa Sede en
Argentina entre 1974 y 1980. Llegó al país apenas unos días antes de que
falleciera Juan Domingo Perón y durante su estadía convivió con la más
feroz represión clandestina por parte del Estado. Los cables de la
diplomacia estadounidense prueban que conocía de esas actividades, sin
embargo, él siempre lo negó. Incluso en una entrevista que dio en 1997
afirmó que recién se enteró de lo que pasaba "cuando ya no estaba en la
Argentina". Aún más, el cardenal italiano fue denunciado por un
sobreviviente de la dictadura por haberlo visitado durante su cautiverio
en el centro clandestino de detención Nueva Baviera en Tucumán, según
cita el libro Campo Santo del periodista Fernando Almirón. El fundador
del CELS, Emilio Fermín Mignone, incluso destacó en su libro Iglesia y
Dictadura que el almirante Emilio Massera le aseguró que Laghi jugaba al
tenis con él cada quince días.
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La santa sede, con pinochet
Los cables diplomáticos de EE UU divulgados ayer por WikiLeaks
también indican que el Vaticano consideró que las denuncias sobre la
represión del gobierno de facto tras el golpe en Chile de 1973 era
"propaganda comunista" e historias "infundadas".
El contenido de uno de esos documentos muestra cómo el cardenal
italiano Giovanni Benelli, a nombre del Papa Pablo VI, dio su respaldo a
la conspiración en marcha para derrocar al gobierno de la Unidad
Popular. "Durante una llamada el 18 de octubre (de 1973), el arzobispo
Benelli, subsecretario de Estado del Vaticano, expresó su preocupación y
la del Papa sobre el éxito de la campaña internacional izquierdista
para tergiversar completamente la realidad de la situación en Chile",
señaló el documento, que desde ayer está disponible en la web de
WikiLeaks junto con otros 2 millones de cables del período 1973-1976.
Artículo publicado en la edición impresa de Tiempo Argentino el 09/04/2013
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