El pasado de la región en los tribunales
El ex dictador guatemalteco es por ahora el único que terminó en prisión por genocidio, pero el presidente del país también está implicado en el caso. Otros militares gozan de libertad o terminaron muriendo sin ser juzgados.
La muerte en prisión de Jorge Rafael Videla puede entenderse como un reflejo del nuevo momento que vive latinoamérica. Su deceso ocurrió una semana después de que el dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt fuera condenado a 80 años de cárcel en la primera sentencia por genocidio en el continente por el intento de exterminar a los indígenas mayas ixiles entre 1982 y 1983. En Brasil, tras años de reclamo de los organismos de Derechos Humanos, el ejecutivo creó una Comisión de la Verdad para investigar los delitos cometidos por la dictadura entre 1964 y 1985 con el fin de seguir horadando la barrera puesta por la justicia que hasta el momento avala la ley de auto amnistía dictada por los militares. Augusto Pinochet, por su parte, encontró la muerte en libertad en 2006, pese a que Chile ha logrado encarcelar a muchos responsables del terrorismo de Estado. Con matices y algunas demoras, las sociedades de todos los países de la región que han sufrido dictaduras han empujado avances en la búsqueda de verdad y justicia. El mensaje, grabado en la memoria colectiva, es unívoco: nunca más.
Videla no estuvo solo comandando la represión en la Argentina. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS), 2088 personas están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado desde la reapertura de las causas en el país. Son pocas comparadas a la cantidad de desapariciones constatadas, pero expresa la perseverancia de una lucha que aún continúa. Gracias a las nuevas normativas implementadas en los últimos años, además, ninguno de ellos podrá ejercer cargos públicos. Pero la situación no es igual en todas las latitudes.
Guatemala expresa, en ese sentido, un ejemplo paradigmático del complejo entramado que hoy es puesto en discusión e involucra a los poderes fácticos del pasado y la actualidad. Tras la condena a Ríos Montt, los organismos de Derechos Humanos pidieron la continuidad de los juicios y reclamaron empezar por el actual presidente, Otto Pérez Molina, quien fue denunciado durante el juicio al dictador como integrante de uno de los escuadrones militares que intentó exterminar a la tribu ixil. El mandatario, que acusó al testigo de mentiroso, rechazó además calificar el delito por el que fue condenado Ríos Montt como genocidio. Una posición conveniente ante una eventual investigación ya que esa tipificación, que se condice con las acusaciones en su contra, hace que los crímenes sean considerados imprescriptibles. En su favor también se pronunció la principal cámara empresaria, el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) de Guatemala, que solicitó a la Corte Constitucional, a través de un comunicado, que anule la sentencia del 11 de mayo y llamó "a reservar la gobernabilidad y el futuro del país". Los tres poderes, que habitualmente quedan atrasados a los cambios sociales, ahora deberán dar respuestas ante el clamor popular que festejó la sentencia contra Ríos Montt en la puerta de los tribunales.
Uruguay también se encuentra actualmente atravesando una puja de poderes. Tras no poder derogar la "ley de caducidad" en dos plebiscitos, el Congreso aprobó en octubre de 2009 la ley 18.831 que habilitaba los juzgamientos por crímenes de lesa humanidad. Casi 150 causas se tramitaron desde entonces, pero todo quedó en suspenso cuando la Corte Suprema declaró en febrero de este año la inconstitucionalidad de la medida. Los organismos cuestionaron la decisión y volvieron a las calles para pedir el fin de la impunidad. El actual presidente, José Mujica, que estuvo preso 15 años en condiciones inhumanas durante la última dictadura uruguaya, también se mostró muy duro con el fallo pero no logró que el Frente Amplio, la coalición de partidos con la que llegó al gobierno, se expresara unánimemente en ese sentido. Pese a la impunidad que aún prevalece en Uruguay, Juan María Bordaberry, cabeza del golpe de Estado de junio de 1973, falleció en julio de 2006 bajo arresto domiciliario. Por ser civil, no pudo beneficiarse de la ley de caducidad que solo exceptuaba de juzgamiento a los militares.
En las décadas del '70 y '80 las dictaduras latinoamericanas contaron con la connivencia exterior para sostenerse. Hoy, de las bases de esas sociedades golpeadas han salido los líderes regionales que buscan unirse para disputar el orden hegemónico global. «
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Un modelo calcado de otras épocas
Anastacio Somoza y Alfredo Stroessner fueron dos de los dictadores que durante más largo tiempo ocuparon el poder en latinoamerica. El general paraguayo se apropió del Palacio de los López en 1954 y se mantuvo allí hasta 1989. El nicaragüense rigió el país centroamericano entre 1967 y 1979, pero fue el último de una dinastía que asaltó el poder desde 1934. Ambos murieron impunes por sus delitos y en el exilio. Hermanados por su historia, Somoza se escapó a Paraguay cuando se vio superado por la revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), donde fue asesinado. Stroessner, falleció en Brasilia al no poder superar una complicación tras una operación de hernia. Sus restos nunca fueron repatriados.
La actualidad de ambos países presenta, sin embargo, algunas diferencias. El presidente de Nicaragua es José Daniel Ortega, que ganó las elecciones de 2007 como candidato del FSLN. Ortega, además, era miembro del directorio de ese movimiento cuando Somoza debió fugarse del país.
En Paraguay, los últimos comicios fueron ganados por el conservador Partido Colorado, facción que también integraba Stroessner. Los colorados estuvieron al frente del ejecutivo del país desde 1946 hasta 2008 y, tras el gobierno de Fernando Lugo que culminó con un golpe de Estado parlamentario, recuperaron el poder de la mano de Horacio Cartes, un empresario millonario cuyas convicciones democráticas se reflejan en el hecho de que nunca se había registrado para votar hasta 2009.
Por Javier Borelli
Videla no estuvo solo comandando la represión en la Argentina. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS), 2088 personas están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado desde la reapertura de las causas en el país. Son pocas comparadas a la cantidad de desapariciones constatadas, pero expresa la perseverancia de una lucha que aún continúa. Gracias a las nuevas normativas implementadas en los últimos años, además, ninguno de ellos podrá ejercer cargos públicos. Pero la situación no es igual en todas las latitudes.
Guatemala expresa, en ese sentido, un ejemplo paradigmático del complejo entramado que hoy es puesto en discusión e involucra a los poderes fácticos del pasado y la actualidad. Tras la condena a Ríos Montt, los organismos de Derechos Humanos pidieron la continuidad de los juicios y reclamaron empezar por el actual presidente, Otto Pérez Molina, quien fue denunciado durante el juicio al dictador como integrante de uno de los escuadrones militares que intentó exterminar a la tribu ixil. El mandatario, que acusó al testigo de mentiroso, rechazó además calificar el delito por el que fue condenado Ríos Montt como genocidio. Una posición conveniente ante una eventual investigación ya que esa tipificación, que se condice con las acusaciones en su contra, hace que los crímenes sean considerados imprescriptibles. En su favor también se pronunció la principal cámara empresaria, el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) de Guatemala, que solicitó a la Corte Constitucional, a través de un comunicado, que anule la sentencia del 11 de mayo y llamó "a reservar la gobernabilidad y el futuro del país". Los tres poderes, que habitualmente quedan atrasados a los cambios sociales, ahora deberán dar respuestas ante el clamor popular que festejó la sentencia contra Ríos Montt en la puerta de los tribunales.
Uruguay también se encuentra actualmente atravesando una puja de poderes. Tras no poder derogar la "ley de caducidad" en dos plebiscitos, el Congreso aprobó en octubre de 2009 la ley 18.831 que habilitaba los juzgamientos por crímenes de lesa humanidad. Casi 150 causas se tramitaron desde entonces, pero todo quedó en suspenso cuando la Corte Suprema declaró en febrero de este año la inconstitucionalidad de la medida. Los organismos cuestionaron la decisión y volvieron a las calles para pedir el fin de la impunidad. El actual presidente, José Mujica, que estuvo preso 15 años en condiciones inhumanas durante la última dictadura uruguaya, también se mostró muy duro con el fallo pero no logró que el Frente Amplio, la coalición de partidos con la que llegó al gobierno, se expresara unánimemente en ese sentido. Pese a la impunidad que aún prevalece en Uruguay, Juan María Bordaberry, cabeza del golpe de Estado de junio de 1973, falleció en julio de 2006 bajo arresto domiciliario. Por ser civil, no pudo beneficiarse de la ley de caducidad que solo exceptuaba de juzgamiento a los militares.
En las décadas del '70 y '80 las dictaduras latinoamericanas contaron con la connivencia exterior para sostenerse. Hoy, de las bases de esas sociedades golpeadas han salido los líderes regionales que buscan unirse para disputar el orden hegemónico global. «
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Un modelo calcado de otras épocas
Anastacio Somoza y Alfredo Stroessner fueron dos de los dictadores que durante más largo tiempo ocuparon el poder en latinoamerica. El general paraguayo se apropió del Palacio de los López en 1954 y se mantuvo allí hasta 1989. El nicaragüense rigió el país centroamericano entre 1967 y 1979, pero fue el último de una dinastía que asaltó el poder desde 1934. Ambos murieron impunes por sus delitos y en el exilio. Hermanados por su historia, Somoza se escapó a Paraguay cuando se vio superado por la revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), donde fue asesinado. Stroessner, falleció en Brasilia al no poder superar una complicación tras una operación de hernia. Sus restos nunca fueron repatriados.
La actualidad de ambos países presenta, sin embargo, algunas diferencias. El presidente de Nicaragua es José Daniel Ortega, que ganó las elecciones de 2007 como candidato del FSLN. Ortega, además, era miembro del directorio de ese movimiento cuando Somoza debió fugarse del país.
En Paraguay, los últimos comicios fueron ganados por el conservador Partido Colorado, facción que también integraba Stroessner. Los colorados estuvieron al frente del ejecutivo del país desde 1946 hasta 2008 y, tras el gobierno de Fernando Lugo que culminó con un golpe de Estado parlamentario, recuperaron el poder de la mano de Horacio Cartes, un empresario millonario cuyas convicciones democráticas se reflejan en el hecho de que nunca se había registrado para votar hasta 2009.
Publicado en la edición impresa de Tiempo Argentino el 18/05/2013
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