El fracaso en penalizar el consumo de drogas abre paso a una nueva etapa
La estrategia militarista estadounidense en todo el continente está perimida, no sólo por ineficiente sino también por haber excedido el ámbito del narcotráfico. Ante este panorama, la mayoría de los países de la región buscan la salida en políticas de impacto social, aunque todavía los resultados estén lejos de ser los adecuados.
El gobierno de México estimó que unas 60 mil personas murieron entre diciembre de 2006 y enero de 2012 producto de la violencia vinculada al accionar de bandas del crimen organizado, en su mayoría relacionadas al narcotráfico. En ese mismo período, la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró apenas 563 muertes por sobredosis en ese país. El ejemplo mexicano sirve para ilustrar cómo el mercado ilegal de la droga se adapta la división internacional del trabajo: los países de América Latina cultivan, producen y envían la mercadería que se consume en Estados Unidos y Europa, principalmente. Se quedan, como contrapartida, con grandes estructuras clandestinas y delictivas que hacen mella sobre las relaciones sociales, la seguridad y la gobernabilidad de sus democracias. Los consumidores y pequeños traficantes, mientras tanto, pueblan el sistema carcelario. En este marco, en los países de la región crece el reclamo por un nuevo enfoque en las políticas públicas sobre el tema. ¿Cómo incide el mercado ilegal de la droga en las distintas sociedades americanas? ¿Es posible la legalización?
La última cumbre de las Américas concluyó el 15 de abril de 2012 sin declaración final. Según los trascendidos, los líderes de casi todos los países del continente, con excepción de Cuba, se fueron de Cartagena de Indias, Colombia, sin llegar a un acuerdo sobre la mención en ese documento de tres asuntos clave: la inclusión de la isla caribeña (cuya participación es bloqueada por Estados Unidos desde 1962) en futuras reuniones; la condena a la ocupación británica de las Islas Malvinas; y una posición común que promueva un cambio en el abordaje del problema de las drogas. Sobre este último punto, apenas se acordó encomendar a la Organización de Estados Americanos (OEA) la confección de una “radiografía” sobre la situación de los narcóticos en el continente.
Tras más de un año de trabajo, una comisión especial entregó los resultados del informe al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, hace dos semanas. Allí se confirma que existen dos tipos de problemas: los vinculados a la salud, que afectan eminentemente a los países del norte; y los vinculados al crimen organizado, que perjudican a América del Sur, América Central, México y el Caribe. Esto puede cotejarse en las estadísticas de la OMS que ubica a los trastornos por abuso de drogas en el lugar 15 como causa de muerte en los países norteños, mientras que está en el lugar 40 entre los andinos y 52 entre los de América Central.
La muerte, sin embargo, llega al resto del continente en otra forma. Según la oficina de la ONU para la Droga y el Crimen (UNODC por sus siglas en inglés), uno de cada cuatro asesinatos en América están vinculados al crimen organizado. Estos guarismos no superan el 5% en países europeos y asiáticos, adonde muchas veces se dirige la droga producida en el continente, agrega el Estudio Global de Homicidios 2011.
El reporte de la OEA también analiza la perspectiva del valor generado en cada una de las etapas del comercio ilegal. De tal forma, asegura que en la venta es donde se generan los mayores volúmenes de ingresos y ganancias, alcanzando al 65% del total generado, en tanto que los cultivadores y productores originales generan y perciben sólo alrededor de un 1%. Esta distribución inequitativa golpea doblemente a los países productores ya que, según se estima en el documento para el valor de la cocaína, un aumento del 10% en su valor en el mercado internacional, produce un incremento en la tasa de homicidios de entre 1,2% y 2%.
La “guerra contra las drogas” ha sido hasta el momento la política predominante en el continente para intentar revertir este cuadro. Creada en la órbita de Estados Unidos bajo el gobierno de Richard Nixon en 1973, la Agencia para el Cumplimiento de las Leyes sobre Drogas (DEA por sus siglas en inglés) fue la encargada de implementar este combate a lo ancho del país y luego más allá de las fronteras. En la actualidad, según informa en su página web, tiene presencia en 67 países. Su alcance, sin embargo, excedió el ámbito de los narcóticos.
Pero en la región los gobiernos de Venezuela y Bolivia denunciaron la intervención de la DEA en la política doméstica y su apoyo a distintos intentos de golpe de Estado. Evo Morales, incluso, expulsó a la Agencia de su país en noviembre de 2008 luego de hacer público que tenía información de que el organismo estadounidense había financiado dos meses antes las tomas de los aeropuertos en los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija en el marco de un intento de golpe cívico-prefectural contra su Gobierno.
Estas reacciones, sin embargo, no implicaron cambios de fondo en las políticas públicas. Es que pese a que muchos países de la región han atravesado procesos de cambio profundos en términos sociales, acompañados con políticas de ampliación de derechos, todavía se mantiene la lógica de penalizar al consumidor. Argentina no está al margen de esa situación ya que, como denuncia el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Ley de Drogas (23.737) “es utilizada por las fuerzas de seguridad como forma de control social y criminalización de pequeños consumidores” (ver aparte).
Los avances, hasta el momento, se dieron a partir de fallos judiciales o pequeñas modificaciones de las leyes vigentes que coinciden en despenalizar la tenencia en pequeñas cantidades para consumo personal. La comisión de la OEA, en ese sentido, evaluó en su informe que “la despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública”.
La alternativa impulsada por la mayoría de las organizaciones de consumidores es la legalización de algunas drogas sociales, en especial la marihuana. Uruguay ha sido el país que parece haber avanzado más en ese sentido al presentar el gobierno del Frente Amplio un proyecto de ley que autoriza al Estado a asumir "el control y la regulación de actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis o sus derivados". Pese a tener mayoría en las cámaras legislativas, el presidente José Mujica ha sido muy cuidadoso en el tratamiento del proyecto y, tras conocerse una encuesta que daba cuenta de la falta de un consenso social, decidió frenar la iniciativa. Julio Bango, uno de los diputados impulsores de la medida, señaló esta semana que el congreso tratará el proyecto en junio. Su aprobación no solo implicaría un cambio histórico en el tratamiento de estos temas, sino que volvería a soslayar la existencia de un nuevo orden regional independiente de los designios de los países históricamente dominantes. «
--------------
La criminalización del consumo
Unas 36.305 personas fueron detenidas en 2012 por la Policía Federal por violación a la Ley de Drogas (23.737), según informó la Dirección Nacional de Gestión de la Información Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Esto equivale a una de cada cinco detenciones efectuadas por esa fuerza en todo el año y es casi igual al número de personas presas por robos y hurtos en el mismo período. Todavía más, la mitad de los arrestos efectuados por la citada ley se produjeron en el marco de acciones de “prevención policial” y un 38% en situación de flagrancia (armando un cigarrillo de marihuana o fumándolo), mientras que solo un 4% se produjo en contexto de allanamientos y un 2% por orden judicial. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), estos guarismos dan la pauta de “la escasa relación de estas detenciones con la lucha contra el tráfico a gran escala”.
Es necesario mencionar que Evo Morales, como dirigente cocalero, estuvo en las listas de sospechosos de la DEA. Pero en ese documento también figura, y con evidencias de ligazones más vinculadas al delito que el actual mandatario boliviano, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe. Mortales, por su parte, logró finalmente en enero pasado el reconocimiento dela ONU de que el mascado de hoja de coca es una práctica cultural de su pueblo y no una forma de drogadicción, cosa de que Bolivia pueda regresar a la Convención de Viena sobre uso de estupefacientes.
Por Javier Borelli
La última cumbre de las Américas concluyó el 15 de abril de 2012 sin declaración final. Según los trascendidos, los líderes de casi todos los países del continente, con excepción de Cuba, se fueron de Cartagena de Indias, Colombia, sin llegar a un acuerdo sobre la mención en ese documento de tres asuntos clave: la inclusión de la isla caribeña (cuya participación es bloqueada por Estados Unidos desde 1962) en futuras reuniones; la condena a la ocupación británica de las Islas Malvinas; y una posición común que promueva un cambio en el abordaje del problema de las drogas. Sobre este último punto, apenas se acordó encomendar a la Organización de Estados Americanos (OEA) la confección de una “radiografía” sobre la situación de los narcóticos en el continente.
Tras más de un año de trabajo, una comisión especial entregó los resultados del informe al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, hace dos semanas. Allí se confirma que existen dos tipos de problemas: los vinculados a la salud, que afectan eminentemente a los países del norte; y los vinculados al crimen organizado, que perjudican a América del Sur, América Central, México y el Caribe. Esto puede cotejarse en las estadísticas de la OMS que ubica a los trastornos por abuso de drogas en el lugar 15 como causa de muerte en los países norteños, mientras que está en el lugar 40 entre los andinos y 52 entre los de América Central.
La muerte, sin embargo, llega al resto del continente en otra forma. Según la oficina de la ONU para la Droga y el Crimen (UNODC por sus siglas en inglés), uno de cada cuatro asesinatos en América están vinculados al crimen organizado. Estos guarismos no superan el 5% en países europeos y asiáticos, adonde muchas veces se dirige la droga producida en el continente, agrega el Estudio Global de Homicidios 2011.
El reporte de la OEA también analiza la perspectiva del valor generado en cada una de las etapas del comercio ilegal. De tal forma, asegura que en la venta es donde se generan los mayores volúmenes de ingresos y ganancias, alcanzando al 65% del total generado, en tanto que los cultivadores y productores originales generan y perciben sólo alrededor de un 1%. Esta distribución inequitativa golpea doblemente a los países productores ya que, según se estima en el documento para el valor de la cocaína, un aumento del 10% en su valor en el mercado internacional, produce un incremento en la tasa de homicidios de entre 1,2% y 2%.
La “guerra contra las drogas” ha sido hasta el momento la política predominante en el continente para intentar revertir este cuadro. Creada en la órbita de Estados Unidos bajo el gobierno de Richard Nixon en 1973, la Agencia para el Cumplimiento de las Leyes sobre Drogas (DEA por sus siglas en inglés) fue la encargada de implementar este combate a lo ancho del país y luego más allá de las fronteras. En la actualidad, según informa en su página web, tiene presencia en 67 países. Su alcance, sin embargo, excedió el ámbito de los narcóticos.
Pero en la región los gobiernos de Venezuela y Bolivia denunciaron la intervención de la DEA en la política doméstica y su apoyo a distintos intentos de golpe de Estado. Evo Morales, incluso, expulsó a la Agencia de su país en noviembre de 2008 luego de hacer público que tenía información de que el organismo estadounidense había financiado dos meses antes las tomas de los aeropuertos en los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija en el marco de un intento de golpe cívico-prefectural contra su Gobierno.
Estas reacciones, sin embargo, no implicaron cambios de fondo en las políticas públicas. Es que pese a que muchos países de la región han atravesado procesos de cambio profundos en términos sociales, acompañados con políticas de ampliación de derechos, todavía se mantiene la lógica de penalizar al consumidor. Argentina no está al margen de esa situación ya que, como denuncia el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Ley de Drogas (23.737) “es utilizada por las fuerzas de seguridad como forma de control social y criminalización de pequeños consumidores” (ver aparte).
Los avances, hasta el momento, se dieron a partir de fallos judiciales o pequeñas modificaciones de las leyes vigentes que coinciden en despenalizar la tenencia en pequeñas cantidades para consumo personal. La comisión de la OEA, en ese sentido, evaluó en su informe que “la despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública”.
La alternativa impulsada por la mayoría de las organizaciones de consumidores es la legalización de algunas drogas sociales, en especial la marihuana. Uruguay ha sido el país que parece haber avanzado más en ese sentido al presentar el gobierno del Frente Amplio un proyecto de ley que autoriza al Estado a asumir "el control y la regulación de actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis o sus derivados". Pese a tener mayoría en las cámaras legislativas, el presidente José Mujica ha sido muy cuidadoso en el tratamiento del proyecto y, tras conocerse una encuesta que daba cuenta de la falta de un consenso social, decidió frenar la iniciativa. Julio Bango, uno de los diputados impulsores de la medida, señaló esta semana que el congreso tratará el proyecto en junio. Su aprobación no solo implicaría un cambio histórico en el tratamiento de estos temas, sino que volvería a soslayar la existencia de un nuevo orden regional independiente de los designios de los países históricamente dominantes. «
--------------
La criminalización del consumo
Unas 36.305 personas fueron detenidas en 2012 por la Policía Federal por violación a la Ley de Drogas (23.737), según informó la Dirección Nacional de Gestión de la Información Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Esto equivale a una de cada cinco detenciones efectuadas por esa fuerza en todo el año y es casi igual al número de personas presas por robos y hurtos en el mismo período. Todavía más, la mitad de los arrestos efectuados por la citada ley se produjeron en el marco de acciones de “prevención policial” y un 38% en situación de flagrancia (armando un cigarrillo de marihuana o fumándolo), mientras que solo un 4% se produjo en contexto de allanamientos y un 2% por orden judicial. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), estos guarismos dan la pauta de “la escasa relación de estas detenciones con la lucha contra el tráfico a gran escala”.
Es necesario mencionar que Evo Morales, como dirigente cocalero, estuvo en las listas de sospechosos de la DEA. Pero en ese documento también figura, y con evidencias de ligazones más vinculadas al delito que el actual mandatario boliviano, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe. Mortales, por su parte, logró finalmente en enero pasado el reconocimiento dela ONU de que el mascado de hoja de coca es una práctica cultural de su pueblo y no una forma de drogadicción, cosa de que Bolivia pueda regresar a la Convención de Viena sobre uso de estupefacientes.
Publicado en la edición impresa de Tiempo Argentino el 01/06/2013
Comentarios
Publicar un comentario