"La desaparición forzada no es algo del pasado"
Entrevista al jurista álvaro garcé
Por Javier Borelli
En febrero pasado el Estado mexicano reconoció que durante el
gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) recibió más de 26 mil denuncias
de desaparición forzada de personas. El número, muy inferior al que
estiman las organizaciones de Derechos Humanos del país, demuestra que
estos crímenes, tipificados a partir de la masiva represión implementada
por las dictaduras latinoamericanas en la década del '70, no son un
tema exclusivo del pasado.
"Desde el Comité contra la Desaparición Forzada vemos la evolución
de la forma clásica asociada al terrorismo de Estado a otras formas que
suponen un desafío, como las cometidas por organizaciones no estatales
de crimen organizado vinculadas al narcotráfico o las ocurridas en
contexto de conflictos armados", señala el abogado uruguayo Álvaro
Garcé, integrante desde 2011 del comité de Naciones Unidas que debe
prevenir ese tipo de crímenes. Por eso, si bien el momento regional no
da indicios de que pudiera repetirse en el corto plazo un escenario
similar al vivido en la región hace cuarenta años, "existe una honda
preocupación entre los integrantes del comité por otras situaciones",
puntualiza.
Mexico es el primer país que ha apelado a la intervención del joven
comité constituido luego de que la Convención Internacional para la
Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
entrara en vigencia el 23 de diciembre de 2010, cuando el vigésimo
congreso ratificó el texto suscripto en diciembre de 2006. El llamado
provino directamente de la sociedad civil, destaca Garcé, quien confirma
que el comité ya analizó el pedido y anticipa a Tiempo Argentino que
allí harán probablemente su primera visita oficial para comprobar que el
Estado cumpla con sus obligaciones.
Sin embargo, aún hay un pequeño detalle importante que complicaría
su intervención. "México ratificó la convención pero no reconoció
todavía la competencia del comité", explica Garcé en un alto del Taller
de Trabajo para América Latina sobre los mecanismos de protección y
prevención de su organismo, realizado en Buenos Aires y organizado por
el CELS.
"Lo primero a destacar es que el Estado se ha comprometido a
presentar a la brevedad el informe que la convención establece que debe
ser presentado dentro de los dos años desde su entrada en vigencia. Para
la mayoría de los Estados, el plazo previsto ya está cumplido y están
comenzando a presentar los informes. Eso sería lo primero que debería
hacer México, porque tenemos denuncias concretas y llamados de la
sociedad civil. Falta ahora la voz y la palabra del Estado."
–La convención tiene casi siete años y más de 90 países
suscriptores, pero sólo 38 la ratificaron y varios aún deben reconocer
la competencia del comité. ¿A qué se debe?
–Diría que es natural en todos los procesos de crecimiento de las
convenciones. Si comparamos con otros instrumentos recientes, como el
protocolo facultativo de prevención contra la tortura, vemos una
evolución bastante similar. Por supuesto, quisiéramos que el proceso
fuera más rápido. Pero los Estados que la han firmado y aún no la han
ratificado, de alguna forma están dentro de la familia de la convención.
Muchos están expectantes por la tarea del comité, y en la medida en que
se vea la interacción positiva, constructiva, van a dar el paso que
todavía está faltando.
–¿Y qué tipo de resultados pueden esperar los Estados de la labor del comité?
–El resultado mayor que pretendemos es conseguir una cooperación
con los Estados, fundamentalmente para prevenir la desaparición forzada.
Esta convención tiene una naturaleza cautelar, protectora. Lo expresa
su nombre: prevención de la desaparición. Esto se tiene que traducir en
medidas concretas. Por ejemplo, las recomendaciones que da el comité al
cabo del examen de los reportes de los Estados. No debe verse la
desaparición forzada únicamente como algo del pasado, este es un
problema del presente y aun en los países donde hoy no se manifiesta
tanto, hay que trabajar para prevenirla en el futuro.
–¿Los juicios contra los perpetradores de desapariciones durante
las últimas dictaduras regionales pueden ser vistos como parte del
proceso de prevención futura?
–Ejercer el derecho a la verdad está reconocido como una manera de
prevenir también. Yo creo que no son aspectos antagónicos, sino que
integran la misma perspectiva que la convención orienta desde su
articulado. Por lo tanto, la relación de cooperación con los Estados no
se establecerá desde una mirada punitiva sino constructiva. Desde esas
recomendaciones el comité tratará de que se ejerza el derecho a la
verdad en toda su extensión y que se adopten medidas concretas: desde la
formación del personal militar y civil encargado de la justicia, y la
depuración de todos aquellos cuadros que hayan participado en el pasado
de casos de desaparición forzada.
–La mayoría de los países que ratificaron la convención son de
América Latina, ¿cuál ha sido el rol de la región en la promoción de
este instrumento?
–Sobre diez miembros, somos tres latinoamericanos y sumaría a un
integrante más, el doctor Rainer Huhle de Alemania, que ha vivido la
mitad de su vida en Latinoamérica. Así que cuatro de diez hablamos
español. Eso marca una presencia importante de la región que no es
casualidad. Francia y Argentina han sido históricamente los grandes
impulsores de esta convención. Junto con ellos, la presencia
latinoamericana. Sucede que el tema de la desaparición forzada ha sido
en las décadas pasadas una prioridad en la región para impulsar un
instrumento vinculante. «
-.-.
Las prisiones en la región
Más allá de su labor como integrante del Comité contra las
Desapariciones Forzadas de la ONU, Alvaro Garcé ejerce desde 2005 el
cargo de Comisionado Parlamentario Penitenciario en Uruguay.
Paradójicamente, entre los presos por cuyas condiciones de detención
debe velar no hay muchos represores ya que en su país los juicios
vinculados al terrorismo de Estado fueron declarados prescriptos por la
Corte Suprema en febrero de este año.
Como comisionado uruguayo, Garcé no puede opinar sobre las
desapariciones forzadas en su país. Sin embargo, sí puede explayarse
sobre la situación del respeto a los Derechos Humanos en las cárceles de
la nación rioplatense.
"La situación de las prisiones uruguayas es similar a la de otros
países de la región y con algunas notas propias. Es similar en cuanto a
los problemas estructurales como la sobrepoblación, el hacinamiento y el
modelo de encierro típicamente custodial en donde a pesar del esfuerzo
por modificar la gestión todavía predomina la mirada de encierro. Pero
Uruguay, junto con Chile, tienen una tasa de prisionalización por encima
de la media de la región. En mi país, que tiene poco más de 3 millones
de habitantes, hay 10 mil personas privadas de la libertad en las
cárceles. Si a esto le sumamos los menores en conflicto con la ley y los
pacientes psiquiátricos a disposición de la justicia, entonces son 11
mil los privados de libertad. Lo que da una tasa de prisionalización de
300 por cada 100 mil habitantes. Comparemos esto con los 150 o 160 de
Argentina", plantea Garce.
Esa tendencia cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta el
desfasaje entre el crecimiento poblacional de Uruguay y su tasa de
prisionalización. "En los últimos 50 años, la población creció un 15 o
20% mientras que los privados de su libertad se multiplicaron por siete.
Además, la población uruguaya es mayormente envejecida, mientras el
promedio de edad de los encarcelados es muy bajo. Entonces tenemos pocos
jóvenes pero muchos encarcelados. Lo que implica una contradicción
preocupante como proyecto de sociedad".
Comentarios
Publicar un comentario