“La sociedad debe conocer la verdad sobre la dictadura”

Por Javier Borelli

Para el funcionario, la denuncia de los fiscales no contradicen la ley ni la jurisprudencia, ya que la desaparición de personas es un “crimen que todavía está siendo cometido”.

Amnistía es una palabra desagradable para la mayoría de los integrantes de las sociedades latinoamericanas que han sufrido gobiernos dictatoriales en décadas pasadas. En Brasil, sin embargo, amnistía tiene un doble significado, explica el secretario nacional de Justicia de ese país, Paulo Abrao. Por un lado, remite a la extinción de la responsabilidad penal. Por el otro, se la relaciona con la libertad y la reparación. Ejemplo de la primera acepción es la Ley de Amnistía sancionada en 1979 por la dictadura militar brasileña, que libraba de culpa a sus miembros por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas entre 1964 y ese año. Muestra de la segunda es la Comisión de Amnistía, creada en 2001 para implementar el derecho a la reparación moral y material de las víctimas de esa dictadura. Abrao preside la comisión desde 2007. Bajo su conducción se implementaron varios proyectos de memoria significativos, que contribuyeron a profundizar el reclamo sobre las otras dos grandes reivindicaciones de las organizaciones de Derechos Humanos: verdad y justicia.


La creación de la Comisión de la Verdad el 26 de octubre del año pasado comenzó a suplir parte de esa falencia, aunque la ley que le dio origen especificó claramente que los crímenes que identifique no podrán ser llevados a la justicia por la vigencia de la Ley de Amnistía, cuya validez fue confirmada por el Tribunal Supremo de Justicia en abril de 2011. Las posibilidades de juzgar a los represores parecía entonces sellada. Sin embargo, la presentación del Ministerio Público fiscal de ayer (ver aparte) reabrió la esperanza. Consultado acerca de la perspectiva de éxito de esta denuncia, Abrao, que visita Buenos Aires para participar de un seminario internacional sobre el juzgamiento de delitos de lesa humanidad y que mañana dará una charla en la organización de Derechos Humanos Memoria Abierta, jerarquiza un elemento fundamental: no contradice la ley ni la jurisprudencia. “La iniciativa de la fiscalía se basa en dos aspectos que están contemplados por el Tribunal Supremo de Justicia. El primero es que el caso que se denuncia es una desaparición política que se encuadra bajo la tipología criminal de secuestro. Por tanto, en la medida en que los cuerpos no fueron localizados ni identificados, el crimen todavía está siendo cometido. Entonces se trata de un crimen que no está amparado por la Ley de Amnistía. En segundo lugar, la Suprema Corte ya se pronunció aceptando que la desaparición era un crimen de carácter permanente ante un pedido de extradición de un militar uruguayo (el coronel Juan Manuel Cordero implicado en una causa del Plan Condor), a pedido del Estado argentino”, señala Abrao. 


Esta presentación judicial de la fiscalía da cuenta, para Abrao, de una mayor conciencia de la sociedad respecto de la importancia de que los crímenes no queden impunes. “La movilización social está creciendo, en especial desde la creación de la Comisión de la Verdad. Se crearon muchos comités sociales y locales que se autodenominan Comités de la Verdad y la Justicia con una perspectiva de que haya juicios en Brasil algún día”, explica. Aunque el secretario de Justicia brasileño no quiere sobredimensionar la situación. Por eso recuerda que en una encuesta recientemente publicada en su país el 75% de los habitantes declaró desconocer la Ley de Amnistía. “Eso demuestra la necesidad de establecer como prioridad un ejercicio de memoria, para que la sociedad pueda conocer la verdad sobre la dictadura.”

Publicado en Tiempo Argentino el 15/03/12